A favor de Ley 779


Varias organizaciones y movimientos de mujeres emitieron ayer lo que calificaron de “posicionamiento político”, a través del cual demandaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare sin lugar los recursos que, por inconstitucionalidad, han sido introducidos por diferentes personas en contra de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

También las organizaciones de mujeres plantean que el Poder Judicial reafirme la legalidad y legitimidad de la ley que protege a las mujeres, que las autoridades actúen con diligencia para prevenir este tipo de violencia e investiguen los casos denunciados con el objetivo de castigar a los infractores y que las víctimas tengan acceso oportuno a la justicia.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), anunció que hicieron un llamado a organismos amigos en el extranjero para que hagan llegar ante la Corte sus pronunciamientos de respaldo a las mujeres nicaragüenses.

Y para la semana posterior a la Semana Santa, dijo Jiménez, preparan actividades de protesta frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Reyna Rodríguez, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, recordó que en el país los crímenes contra las mujeres han ido en aumento.

“Queremos decirles que la ley la vamos a defender en las calles, en las comunidades, frente a la Corte Suprema de Justicia. La vamos a defender como una ley que es nuestra. No vamos a seguir permitiendo que haya más mujeres muertas”, sostuvo Rodríguez.

Ana Quirós, por su parte, calificó de manipulación los recursos de inconstitucionalidad introducidos ante el Poder Judicial por aquellas personas “que han estado a favor de la violencia y sumisión de las mujeres”.

Entre las organizaciones firmantes están: Red de Mujeres Contra la Violencia, Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra y Movimiento Autónomo de Mujeres. Además, aprovecharon para demandar a la CSJ a que se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad introducidos hace siete años en contra de la penalización del aborto terapéutico.







Fuente: La Prensa

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